La gestión de nuestros montes

CARLOS JUNQUERA RUBIO. Profesor Etnología Universidad Complutense

Son muchas las voces que solicitan mi opinión respecto al anteproyecto de una futura Ley sobre montes y su gestión que se está elaborando por parte de la Consejería de Medioambiente de la Junta de Castilla y León. Hasta donde estoy informado hasta el momento, tarde avanzada de 23 de febrero, solamente la Diputación de León, la pedanía de Luyego (que cuenta aún con pastos boyales en Tabuyo y que conozco) y los representantes de la UPL en Madrid rechazan el citado anteproyecto. Es verdad también que el Consejero se ha echado para atrás y que otras escasas voces inician un tímido retroceso ante lo que pudiera ser el desarrollo de la citada Ley de ser promulgada sin modificaciones.

Las Juntas Vecinales, sucesoras del Concejo tradicional, nacieron en la segunda mitad del siglo XIX, vieron como mermaban sus competencias, para lo aquí tratado, cuando Pascual Madoz, entonces Ministro de Hacienda, decidió llevar adelante una segunda Desamortización, orientada ahora contra los bienes comunales de los pueblos y aldeas, especialmente sus bosques que fueron calificados como inútiles e improductivos. La respuesta no se hizo esperar, los pueblos, que disponían entonces de más hectáreas de bosques que en la actualidad, decidieron una estrategia orientada a repartir los comunes afectados entre sus vecinos, que debían eliminar el bosque y convertirlo en tierra arable y ponerlos en producción, del cereal tan escaso por otra parte en aquellas fechas. Fue un modo de neutralizar a la Administración Central y evitar que interviniera en una gestión que posiblemente daría unas pingues ganancias, amén de evitar que esos comunes cayeran en pocas manos, las de quienes disponían de liquidez para acaparar lo que era tradicionalmente de todos los vecinos.

Las Leyes decimonónicas se promulgaron, para lo aquí tratado, recortando competencias a quienes las tenían desde el Liber o Fuero Juzgo, que fue la herramienta repobladora en la parte septentrional del Duero, fuera por presura o scalio, los dos modelos puestos en ejecución. Los leoneses estamos acostumbrados a que se nos expolie, que se nos quiten nuestros recursos porque nuestra identidad, según nuestros dirigentes carece de la fuerza de la que presentan otros, que históricamente han dado menos, pero exigen más. Los ayuntamientos rurales actuales deberían tener alguna reglamentación que permitiese que los pedáneos tuvieran voz y voto, porque están hechos a imagen de los urbanos, y la ciudad es la ciudad, el campo es el campo. Los problemas son distintos. Es más, las Juntas Vecinales son las llamadas a gestionar los bienes comunales en sus términos, y a canalizar las ayudas que se entienda se necesiten para que esa gestión tenga éxito. Es este un derecho histórico que tiene siglos de vigencia; es más, las democracias actuales deberían mirar bien cómo funcionaron nuestros concejos durante siglos: todas las opiniones tenían cabida; es más, no se debe promulgar nada sin conocer primero qué fue y cómo se desarrolló.

Si la futura Ley de Montes quiere tener buena acogida, lo que debe hacerse no es expoliar; es aceptar lo que hace casi un siglo manifestó Vicente Flórez de Quiñones y Tomé: “la asociación comunal de vecinos es la verdadera base de un estado libre”. Este consejo deberían tenerlo presente quienes eligen ser políticos, pues los gobernados no quieren imposiciones, quieren ser libres y asumir decisiones que repercuten en ellos y en sus descendientes. De no ser así, seguiremos leyendo por las carreteras leonesas aquello de que “nos metieron en Castilla y nos hicieron la tortilla”.